El Gobierno de Javier Milei comenzó a avanzar con un proyecto clave para el mercado inmobiliario y la seguridad jurídica: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que, entre otras cosas, facilitará los desalojos.
Presentada oficialmente el 27 de marzo, esta iniciativa ya está en debate en un plenario de comisiones del Senado, aunque el oficialismo aclaró que no habrá dictamen al menos hasta la semana siguiente. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, es el impulsor principal de este proyecto. Tras un cuarto intermedio, el debate se retomó en siete bloques temáticos, con espacio para que los senadores realicen preguntas al final de cada segmento.
El objetivo central de la propuesta es “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y promover la seguridad jurídica”. Para lograrlo, plantea una reforma integral que incluye cambios en expropiaciones, procesos de desalojo y ajustes en diversas leyes, como la de tierras rurales y la de integración sociourbana de barrios populares.
Los cambios en la Ley de desalojos
Uno de los aspectos más sensibles y controversiales está relacionado con los desalojos, ya que el proyecto busca simplificar y acelerar estos procesos. En concreto, propone que todos los casos, ya sea por falta de pago o por ocupación ilegal, se tramiten mediante un juicio sumarísimo, el más rápido del sistema judicial argentino.
Este cambio implica modificar el artículo 679 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la ciudad de Buenos Aires, además del Código Civil y Comercial, que es aplicable en todo el país. Mientras que un proceso ordinario puede extenderse entre un año y medio y dos años, el esquema sumarísimo podría resolverse en alrededor de seis meses.
Otro punto que generó debate es la reducción del plazo para la intimación de pago. El proyecto establece que el propietario debe otorgar solo tres días corridos para que el inquilino regularice la deuda, frente a los diez días actuales.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, advirtió al medio La Nación que “el gobierno quiere que se vote una ley en donde, si la familia inquilina se atrasa tres días en el pago del alquiler, es desalojada de inmediato”. Actualmente, el Código Civil y Comercial permite hasta dos meses de retraso antes de que el propietario pueda intimar al inquilino, salvo que en el contrato se establezca otro plazo.
El proyecto también habilita que, en casos de intrusión —cuando personas ocupan una propiedad sin permiso—, el juez pueda ordenar la restitución anticipada al propietario antes de dictar la sentencia final. Esta solicitud debe resolverse dentro de cinco días desde la notificación de la demanda.
Además, para desalojos por falta de pago o vencimiento del contrato, el propietario podrá pedir la entrega anticipada del inmueble presentando una caución juratoria, que es un compromiso legal para responder por posibles daños. Este trámite seguirá los plazos rápidos del juicio sumarísimo.
Otra innovación es la incorporación de un reconocimiento judicial rápido para identificar a los ocupantes. Finalmente, el proyecto refuerza la etapa final del proceso. El mandamiento de lanzamiento incluirá explícitamente la autorización para el uso de la fuerza pública, allanamiento y apertura de cerraduras, incluso si el inmueble parece desocupado, y permitirá designar depositarios para los bienes muebles dentro de la propiedad.
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