El caso de las presuntas fiestas clandestinas con propofol tiene como una de las personas imputadas a Delfina Lanusse, integrante de una familia con vínculos históricos tanto con el poder militar como con el ámbito judicial. El apellido remite a figuras asociadas a la dictadura que comenzó en 1966 y a causas judiciales de alto perfil.
La investigación por las supuestas fiestas clandestinas donde se habría utilizado propofol, un potente anestésico de uso médico, puso bajo la lupa a varias personas del ámbito de la salud. Entre ellas se encuentra Delfina Lanusse, una joven residente cuya situación judicial generó repercusión no solo por el caso en sí, sino también por su apellido.
Lanusse figura entre los imputados en la causa que busca determinar cómo se habría accedido a esta sustancia, habitualmente restringida al uso hospitalario, y en qué contexto se habría consumido fuera de los circuitos legales.
El apellido Lanusse tiene una fuerte carga histórica en la Argentina. Delfina Lanusse es bisnieta de Antonio Lanusse, primo de Alejandro Lanusse, quien fue presidente de facto durante la dictadura iniciada en 1966. Antonio Lanusse se desempeñó como ministro de Defensa durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, una de las figuras centrales del régimen militar de esa época.
Sus vínculos con el ámbito judicial
Además de su relación con figuras del mundo militar, la familia Lanusse también tiene presencia en el ámbito judicial. Delfina Lanusse es pariente lejana del abogado y exfiscal Pablo Lanusse, quien tuvo un rol destacado en investigaciones complejas durante la década del ’90.
Pablo Lanusse se desempeñó en el Ministerio Público hasta que dejó su cargo tras recibir amenazas en el marco de una causa conocida como “la mafia del Oro”, un expediente de alto impacto en ese momento. Luego de su paso por la función pública, continuó su carrera en el ejercicio privado de la abogacía.
En su etapa como abogado particular, Pablo Lanusse asumió la defensa del expresidente Mauricio Macri en distintas causas judiciales de relevancia. Entre ellas, se destacan el expediente por presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y la investigación por supuesto contrabando a Bolivia.
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