Representantes legales de los trabajadores de la empresa Forestal Tapebicuá S.A. presentaron una denuncia penal contra los directivos de la compañía ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Virasoro. Las familias de más de 400 ex operarios enfrentan serias dificultades económicas debido a la inactividad de una de las empresas más importantes del noreste provincial, paralizada desde agosto de 2025.
La acción judicial se enmarca en un plan de lucha de los trabajadores, quienes se encuentran sin percibir haberes y sufren la desidia empresarial. En paralelo, el Concejo Deliberante de la localidad aprobó la creación de un fondo para subsidiar servicios básicos a las familias afectadas.
La demanda penal, que incluye a los principales socios de Celulosa Argentina y al gerente de la planta local, se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, vaciamiento de la empresa y abandono de persona. Según la presentación detallada por el medio Misiones Online, los empleados no solo dejaron de recibir sus sueldos, sino que también carecen de aportes previsionales y cobertura médica.
La suspensión de actividades abarcó a todas las líneas de aserrado y procesamiento de madera y afectó también a proveedores, contratistas y transportistas de la firma, que ven afectada la actividad de un número indeterminado de empleados de estas empresas.
En 2023 la firma ya había cerrado su planta de San Charbel, en Garruchos, departamento correntino de Santo Tomé, donde se produjeron 70 despidos. La compañía arrastra una caída de actividad y problemas de liquidez, agravados por la recesión industrial, la contracción del consumo interno, la apertura de importaciones y un tipo de cambio que complica la competitividad exportadora, argumentaron desde la empresa.
Asistencia municipal para los trabajadores de la maderera
En respuesta a la crisis social generada por el conflicto, el Concejo Deliberante de Virasoro sancionó una ordenanza para aliviar la situación de los exempleados de la forestal. En medio del ajuste del gobernador Juan Pablo Valdés, la normativa establece la creación de un fondo solidario especial para cubrir las tarifas de energía eléctrica y agua potable de los trabajadores afectados durante un período de tres meses. Para la implementación, se creará un registro de beneficiarios, quienes deberán acreditar su condición de empleados de la empresa, residir en Virasoro y encontrarse en receso laboral sin percibir ingresos regulares.
Los recursos para este fondo provendrán de dos fuentes municipales: una parte se obtendrá de los ingresos que la municipalidad percibe a través de la tasa de alumbrado público, abonada por la empresa provincial de energía DPEC. La otra porción de los fondos se tomará del canon cloacal establecido en el convenio vigente entre la cooperativa local que presta dicho servicio y el municipio. Tanto el fondo solidario como el registro de beneficiarios serán controlados por una comisión integrada por tres ediles, en representación de cada bloque partidario del Concejo Deliberante.
Cerrar sesión