Mientras la Justicia avanza en la investigación por el robo de medicamentos en el Hospital Italiano y la muerte del anestesista Alejandro Salazar, un audio filtrado que circula en redes sociales y ámbitos médicos comenzó a dar forma a lo que muchos ya denominan "las fiestas del propofol".
En el mensaje de voz, una joven describe con lujo de detalles cómo un grupo de profesionales de la salud organizaba reuniones clandestinas para inyectarse sustancias robadas de diversos hospitales. Entre ellos el Italiano, que lleva adelante una importante investigación a causa de desvío y hurto de medicamentos.
“Fini (NdR: apodo de Delfina Lanusse, una de los dos imputados en la causa) está consumiendo propofol y fentanilo del Italiano. No solo eso, sino que roba propofol y lo redistribuye, entre ellos a T. del Rivadavia. T., al propofol que le da Fini, se lo comparte a un compañero de anestesia. El chabón se hace una infusión continua de fentanilo y propofol y se muere”, manifestó en el mensaje, haciendo referencia a lo ocurrido con Salazar.
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Cómo funcionaban las presuntas "fiestas" clandestinas
Según el relato del audio, las reuniones tenían una logística casi quirúrgica. “Lo que hacían estos chabones eran las llamadas ‘fiestas del propofol’. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión y se inyectaban continuamente. Tenían un encargado de ambucearlos cuando el propofol les generaba la apnea”, detalló.
El término apnea se refiere a la suspensión temporal de la respiración, una de las complicaciones más graves del uso indebido de propofol, un anestésico potente que solo debe administrarse en entornos hospitalarios con monitoreo constante.
La muerte que destapó la trama
El audio de la joven hace una conexión directa entre estas "fiestas" y la muerte de Salazar, ocurrida el 20 de febrero pasado, apuntando a que las sustancias utilizadas en estas reuniones provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. La trazabilidad de los medicamentos hallados en el domicilio del anestesista fallecido de 29 años confirmó que habían sido extraídos de ese mismo centro asistencial.
Frente a los hechos, el Hospital Italiano informó que realizó la denuncia penal correspondiente y que tomó medidas administrativas sobre las personas involucradas, ninguna de las cuales continúa en funciones dentro de la institución.
En paralelo, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires reveló que había tomado conocimiento de los hechos antes de la muerte de Salazar. Según su vicepresidente, Carlos Bollini, recibieron una denuncia sobre el preocupante estado de la residente Lanusse -en relación a un posible consumo problemático- y comenzaron a investigar. Fue días después, al conocer el fallecimiento del médico, que la información sobre las fiestas y el consumo de anestésicos cobró otra dimensión.
La entidad realizó su propia denuncia penal y reforzó los controles entre sus 400 alumnos, evaluando incluso la implementación de análisis de pelo, sumado a los controles periódicos y sorpresivos de orina que ya realizan.
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Quiénes son los imputados en la causa
La investigación judicial comenzó a tomar forma el 23 de febrero, cuando el Hospital Italiano de Buenos Aires radicó una denuncia formal por el faltante de anestésicos en sus depósitos. La causa quedó en manos del juez Sánchez Sarmiento, quien ordenó las primeras medidas para rastrear el destino de los fármacos.
El 12 de marzo, la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad realizó tres allanamientos que resultaron positivos. En dichos procedimientos, los investigadores lograron determinar que los medicamentos hallados en la vivienda del médico fallecido pertenecían al centro de salud de la calle Perón, confirmando la sospecha de un desvío de estupefacientes desde el hospital hacia el ámbito privado.
A medida que la pesquisa avanzó, las autoridades lograron identificar a dos sospechosos principales:
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Hernán Boveri, ahora ex profesional del área de Anestesiología del Hospital Italiano que, hasta el estallido del escándalo, era una figura reconocida en la especialidad a nivel nacional e internacional.
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Delfina Lanusse, una residente de tercer año de la misma institución, que también fue apartada de sus funciones tras la denuncia.
Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y quedaron imputados, por el momento, por el delito de "administración fraudulenta". La causa continúa abierta y la Justicia busca determinar si los fármacos desviados eran utilizados exclusivamente para consumo personal o si formaban parte de un entramado más complejo que incluía presuntas fiestas sexuales donde se administraban las sustancias de manera recreativa.
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