Trazabilidad. Esa simple palabra utilizada una y otra vez desde que se analizan los distintos casos que rodean a sustancias como el fentanilo, desde hace algunos meses, y el propofol vuelve a poner en escena la falta de controles para la aplicación de los protocolos que permitan evitar que este tipo de drogas sean robadas de clínicas y hospitales para su venta o uso recreativo en fiestas privadas y presuntamente, clandestinas.
Esto último se investiga en una de las causas y que, en las últimas horas, se llamó cómo se las nombra en los audios que en cuestión de horas se volvieron virales: las “propofest”. Hasta el momento, la Justicia investiga la muerte del anestesista y el robo de fármacos en dos causas separadas que pronto podrían unirse.
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La base de una de las investigaciones tiene que ver con que los fármacos encontrados en la casa de Alejandro Zalazar, el anestesista que fue encontrado sin vida en Palermo, eran drogas que debían estar en el Hospital Italiano pero habían sido robadas. Como la víctima no trabaja en ese centro médico, se estima que se las facilitaron o se las vendieron.
Allí entra en juego el expediente por las fiestas con propofol y fentanilo por la que fueron imputados un anestesista de trayectoria y una residente de tercer año. Ambos ya están fuera del Hospital Italiano: Hernán Boveri, quien renunció a su cargo y Delfina Lanusse fue despedida, según aseguraron fuentes de la misma entidad. Ahora, la expectativa está puesta en los resultados de las pericias que permitan determinar si es posible unir los expedientes con pruebas y no sólo con las sospechas y los audios filtrados que explicaron gran parte de la historia.
En la investigación sobre la muerte de Zalazar, la Justicia trabaja en las pericias sobre el teléfono celular para conocer si había pactado algún encuentro o alguien vinculado a las fiestas del propofol le entregó las drogas encontradas en su casa. Además, se trabaja en el levantamiento de huellas y análisis de cámaras de seguridad para conocer si alguien pasó o se fue de la casa en horarios cercanos a la data de muerte.
Hasta el momento, no fueron incorporados al expediente los estudios histopatológicos para saber si las sustancias en el cuerpo son compatibles con otras halladas en la vivienda.
Con ese marco, los distintos hospitales mencionados en los audios que se volvieron virales en las ultimas horas empezaron una investigación interna por el posible robo de fármacos, al tiempo que la Justicia trabaja en la posibilidad de unir este expediente a otro robo anterior de sustancias. De esta forma podrían llegar a destapar una red que robaba sustancias de los establecimientos pero no con el fondo de introducirlo en canales de venta o fabricación de otras drogas, sino para usarlas en fiestas privadas donde el consumo recreativo era parte de un grupo de médicos de distintas áreas que, con drogas y elementos también robados de Hospitales, se suministraban anestésicos teniendo en el grupo “un responsable” para realizar ventilación manual y evitar la muerte de los consumidores.
Para la instrucción de la investigación, ese es un punto clave y se describe en el expediente con la afirmación de que las sustancias robadas presuntamente por los anestesistas desafectados del Hospital Italiano eran usadas “fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y ajeno a cualquier práctica asistencial”, al tiempo que describen que los fármacos utilizados necesitan “de estricto control cuya administración indebida implica un riesgo cierto para la vida”. De esta manera, el expediente ya no busca solamente conocer qué causó la muerte de un anestesista sino también qué roles ocupaban los dos médicos imputados y otras personas que fueron nombradas en la investigación
El escándalo del propofol ya trascendió el ámbito médico. Con una muerte de por medio, llegó a los expedientes judiciales y demanda una pronta resolución; al tiempo que exige volver a plantear y reforzar los mecanismos de control para evitar que se sigan robando este tipo de anestésicos que sólo pueden ser utilizados en hospitales. Además, destapa una problemática de fondo y es que el Estado debe registrar estas drogas en la Ley 23.737 y así permitir que ante el robo o el suministro de estas sustancias, el caso pueda ser perseguido por la Justicia Federal, algo que por ahora, al menos en estas causas, no sucede.
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